El magistrado Santiago Vidal no podrá colaborar con SOS Racismo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la petición del juez para participar en una comisión jurídica que analiza las herramientas y vacíos legales en la lucha contra la xenofobia. El órgano de gobierno de los jueces justifica la prohibición en la presunta “incompatibilidad” entre las funciones de Vidal como magistrado y el “asesoramiento” a la entidad.
El acuerdo del Consejo reconoce los “encomiables fines de la ONG”, pero subraya que la participación de Vidal en una comisión jurídica “contradice” la normativa sobre incompatibilidades. Ésta queda recogida en nueve puntos del artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y prohíbe, en efecto, “todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”. Pero la norma sí contempla, sin embargo, que los jueces se dediquen a “la docencia o la investigación jurídica”. Ésa es, precisamente, la naturaleza de la tarea que Vidal pretendía desarrollar con SOS Racismo.
En abril, la ONG pidió al magistrado que se sumara a una comisión jurídica “para la reflexión y el análisis” desde la perspectiva “del estudio y la investigación”. La misiva deja a las claras que el proyecto nada tiene que ver con los litigios, que también forman parte de la actividad de SOS Racismo; por ejemplo, la querella contra el alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol, por incitar al odio contra los gitanos rumanos. El objetivo de esa comisión era analizar “déficits legislativos” en la persecución de esa clase de delitos.
Vidal decidió pedir permiso al CGPJ para desarrollar esa tarea. En su escrito, subrayó que se trataba de una colaboración “no retribuida”, con “dedicación esporádica” y en la que estaba prevista la participación de catedráticos, juristas y fiscales “de gran prestigio” en toda España. “El normal funcionamiento” de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona —a la que está destinado— “no saldrá afectado de ninguna manera”, remachó.
El magistrado, de tendencia progresista, considera que tiene derecho a colaborar en la erradicación del racismo y recurrirá la decisión del CGPJ ante el Tribunal Supremo.
La misma tarea ha dado lugar a dos interpretaciones jurídicas distintas. En mayo, antes de la resolución del CGPJ, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, concluyó que “en principio, la actividad para la que solicita autorización” el magistrado “no se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones” que recoge la ley, aprobada en 1985.
En su petición, Vidal recordó también el reglamento de la carrera judicial, elaborado hace dos años. Uno de los artículos, el 327, señala que “el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica” por parte de los jueces es “una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos”. Y añade que, “previa petición”, el Consejo “podrá autorizar” a los magistrados para dedicarse a esas tareas, así como a la “producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas”.
El portavoz de la asociación progresista Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, se sumó ayer a la interpretación de Vidal y del TSJC y criticó la resolución del Poder Judicial. “La norma no puede interpretarse de forma extensiva. No es lo mismo investigar que asesorar; esto último da la idea de permanencia y de amparo a la entidad. Y Vidal no pretende convertirse en el asesor jurídico de la ONG”, subrayó. “Creo que le han dado un trato diferente del que se da a otros jueces y magistrados en la misma situación”, remachó Bosch.
La portavoz de SOS Racismo en Cataluña, Alba Cuevas, se expresó en una línea similar y lamentó la pérdida de un profesional “de la talla” de Vidal: “Dejamos muy claro que era una comisión de estudio y análisis. Lamentamos esta decisión porque no podremos contar con su experiencia. Y nos sorprende, sobre todo cuando ves decisiones sobre ciertos personajes”, explicó Cuevas en alusión a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la recusación contra su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por haber militado en el PP y haber ocultado esa circunstancia.
Fuentes judiciales se mostraron igualmente sorprendidos por la decisión del CPGJ. No es nada habitual, según esas fuentes, que se deniegue el permiso a un magistrado para participar en un proyecto intelectual, ligado a la reflexión jurídica. Esas mismas fuentes recuerdan que otros magistrados ni siquiera piden permiso para participar en algunas actividades —como coloquios o mesas redondas— y que, en muchas ocasiones, cobran por ello.
La trayectoria díscola de Vidal, sospechan las mismas fuentes, también ha pesado en el ánimo de los miembros del Consejo. En 2009, criticó la actuación del entonces juez instructor del caso Palau, Juli Solaz. Le llamó “caracol” por su lentitud al investigar el expolio del Palau de la Música a manos de Fèlix Millet y Jordi Montull. El CGPJ le abrió un expediente y le sancionó, igual que a la magistrada Maria Sanahuja, que también había sido crítica con la investigación. El magistrado se ha caracterizado por su defensa del derecho de los jueces a la libertad de expresión. Durante tres años, el Poder Judicial no le permitió participar en un programa de radio porque el horario era incompatible con su labor como magistrado.
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