Foto de Jairo Vargas
Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido, afirmaba que la democracia significaba que si tocaban tu timbre a la una de la madrugada solo podía ser el lechero. Pues bien, cada vez cuesta más aplicar esta lógica a la España gobernada por Mariano Rajoy. Los recortes sociales y las impopulares políticas del PP han provocado un incremento de las manifestaciones. Y estas han disparado las detenciones, multas y acciones policiales. Comenzó con el 15M, en mayo de 2011, y se ha multiplicado con la llegada al poder de la derecha, que venció las elecciones noviembre de ese mismo año. Desde entonces, las pancartas y las marchas son un paisaje cotidiano en Madrid, donde las razones para cabrearse son tantas que resulta difícil cuadrar la agenda con la ingente cantidad de actos reivindicativos. Algo que a los líderes políticos españoles no les ha gustado. Parafraseando a Churchill, si eres una persona que acude a las convocatorias de Rodea el Congreso o a escraches a los políticos, no solo estás en riesgo de llevarte un buen par de leches proporcionadas por algún policía antidisturbios. También, cada vez más, sufres el riesgo de ser detenido y, bajo alguna acusación peregrina, terminar pasando varias horas en comisaría. Las detenciones preventivas, algo así como los “crimentales” de “1984”, la obra de George Orwell, las multas masivas por acudir a concentraciones no autorizadas o persecución contra los medios que no reflejan la versión oficial se han generalizado en el Estado español. Y eso que todavía no se ha puesto en marcha la reforma del Código Penal propuesta por Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, que pretende que una sentada pueda llegar a ser castigada con dos años de cárcel.
El 15 de mayo, cinco personas fueron arrestadas por los Mossos d´Esquadra (la policía catalana), en Sabadell. Todos ellos permanecieron 48 horas incomunicados por orden del juez Santiago Pedraz, que aplicó la Ley Antiterrorista ya que les acusaba de formar parte de un grupo anarquista. Tras tomarles declaración les envió a prisión. Entre las acusaciones, “amenazas” a través de Facebook a instituciones como Juan Carlos de Borbón, representantes políticos o entidades financieras. Vamos, básicamente, lo que hace cualquier ser humano medianamente normal en estos tiempos de crisis: ciscarse en la familia de los culpables. Además, les responsabilizaba de genéricos “ataques contra los intereses del capitalismo”. Entre los materiales incautados: petardos y fuegos artificiales, camisetas con tachuelas y algún parche. Llevan desde entonces en prisión. La ley dice que podrían permanecer hasta cuatro años. Mejor no entrar a hablar sobre proporcionalidad.
Material incautado a las cinco personas arrestadas en Sabadell.
Madrid es uno de los núcleos reivindicativos en el Estado. Desde el 15M, el número de detenidos se ha multiplicado. No hay datos concretos, aunque sí estimaciones. Según fuentes de los abogados que han atendido estos arrestos, un total de 427 personas han pasado por los calabozos desde que Sol se convirtió en un gran campamento de protesta. Básicamente, un detenido cada dos días, la mayoría de ellos durante el transcurso de acciones reivindicativas o en marchas. Por el momento no hay condenas, aunque también es cierto que los juicios no se han celebrado. Los arrestos no son el único recurso policial. Las multas también sangran los bolsillos de quienes se oponen a los planes del Gobierno de Rajoy y que también critican la complicidad del PSOE. En estos dos años, más de 1.100 sanciones administrativas, la mayoría de ellas por supuesta vulneración de la ley de protección ciudadana, que incluye la participación en protestas no comunicadas. “No ha existido un momento en el que tengamos un número mayor de detenciones y actividades represivas”, alerta el abogado Erlantz Ibarrondo.
El paso por comisaría fue lo que tuvo que afrontar el fotógrafo Raúl Capín, que colabora con Diario Independiente Digital o Mundo Obrero. El 22 de mayo, mientras se encontraba en su domicilio, escuchó el timbre. Al otro lado, varios policías, tres de los cuales cubrían su rostro con capucha, esgrimían una orden de arresto. Le habían demandado en dos juzgados. La excusa: supuestas agresiones en las manifestaciones de protesta del 23 de febrero y el 25 de abril. Capín no niega haber acudido a las marchas, donde estuvo acompañado por Adolfo Luján, otro de los habituales de la cámara al hombro y que también fue arrestado. “Este es un aviso a navegantes”, aseguraba su abogado, Rafa Mayoral, la jornada en la que Capín permaneció en los calabozos. Finalmente, ambos quedaron en libertad. Lo que no pueden quitarse de encima es esa sensación de que, como cantaba Kortatu, “hay algo aquí que va mal”. ¿Cuál es la razón por la que agentes de Policía llegaron a su casa y se llevaron a los dos fotógrafos? En principio, agredir a un agente y ayudar a un manifestante a escapar de la detención. Sin embargo, si uno mira la letra pequeña de la acusación, se da cuenta de que la Policía habla de otra cosa. En varios puntos de la documentación presentada por los agentes, estos se quejan de que los cámaras solo presentaban las agresiones protagonizadas por los antidisturbios, obviando lo que denominaban “provocaciones” de los manifestantes. Vamos, que no les bastaba con pegar, sino que también pretenden salir guapos. “Yo siempre he cubierto las protestas desde el lado de la gente que se manifiesta”, afirma Capín, que considera que este es un intento de meter miedo a los profesionales de la comunicación que cubren diariamente las diferentes marchas que se celebran en Madrid.
Foto de Felipe Hernández.
El control de los medios se ha convertido en una obsesión para el Gobierno de Rajoy. También de todos aquellos que, con un móvil en la mano, graban los desmanes de los agentes. Imágenes como los antidisturbios zurrando de forma indiscriminada en el interior de la estación de Atocha han permitido visualizar cómo se las gastan los agentes. Un dedo acusador que el Ejecutivo quiere cortar de raíz. Por eso, entre otras ocurrencias, intenta diferenciar a periodistas de manifestantes mediante un chaleco blanco que solo pueden exhibir los informadores. ¿Implicará eso la vía libre al porrazo para aquel que quiera grabar una marcha sin ser profesional?
Por si esto no fuese poco, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara una reforma del código penal que incrementa las penas impuestas a la protesta social. Todavía no se ha hecho público el texto definitivo, pero las sucesivas filtraciones apuntan a que Gallardón podría querer convertir en delito actividades tan sanas como sentarse frente a una carga policial o difundir convocatorias de protesta por Internet. “Incrementará la criminalización de la protesta ya que introduce cuestiones que no eran objeto del Código Penal”, advierte Ibarrondo. La pregunta será hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Recrear mentalmente la imagen de una guillotina podría convertirse en razón para que te lleven al trullo?
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Publicado con Blogsy
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