Rajoy, el perro del hortelano. Versión 2.1


¿Pero entonces… Rajoy cobra o no cobra como registrador en excedencia…, y por qué no sale su plaza a concurso?

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, a modo de moderno Sísifo, carga regularmente con una piedra en forma de pregunta parlamentaria que, con esfuerzo, ‘sube’ hasta Moncloa, para no ver después, sino que se la devuelven rodando hasta el punto inicial… sin contestar. O más exactamente, contestada de aquella forma. Y vuelta a empezar.

“A veces ni me han admitido la pregunta”

Somos más concretos. A lo largo de los últimos meses, Llamazares ha presentado una vez tras otra ante la mesa del Congreso la misma, o parecida pregunta con una intención: saber si el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy percibe algún emolumento por la plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola y conocer su situación con respecto al ‘interino’ que ocupa dicha plaza. “Algunas veces ni siquiera me han llegado a admitir la pregunta”, ha dicho el diputado de IU a ELPLURAL.COM. Pero a veces, la mayoría absoluta del PP ‘se descuida’ y la acepta.

En julio de 2012 Llamazares presentaba una batería de preguntas, entre ellas saber “¿Cómo se distribuyen los beneficios del Registro de la Propiedad de Santa Pola entre su titular y el Interino con “llevanza”?. Explicamos la pregunta, conforme a la propia información que daba Llamazares en la argumentación de su pregunta.

O excedencia y plaza a concurso, o mantenerse como titular

Sigue pendiente una explicación coherente sobre la situación del Registro de la Propiedad de Santa Pola -escribía el diputado de IU-. Sucede que en los últimos 20 años su titular ha sido a la vez Ministro, Vicepresidente del Gobierno de Aznar y ahora diputado y Presidente del Gobierno”. Una situación que, según Llamazares, sólo tiene dos salidas: “la primera, solicitar la excedencia de su registro, de forma que Santa Pola saliera a concurso y fuera cubierto por otro registrador que lo atendiera al 100%. La segunda, que habría sido la elegida por el Presidente del Partido Popular, ha consistido en mantenerse como titular del registro de Santa Pola gracias a un artículo de un decreto de 1947. Un decreto que se reformó en el año 1998 cuando él era Ministro del Gobierno de Aznar”.

Resulta que en ese 1998, cuando se reformó el decreto que permitía esta segunda opción, quien era ministro de Administraciones Públicas, y por tanto responsable de la Administración del Estado era… Mariano Rajoy. En estos casos en los que se ‘alquila’ la plaza a otro registrador, existe la posibilidad de lo que se denomina “llevanza”. Un registrador ‘provisional’ ocupa una plaza por la que ‘paga alquiler’ al titular. Lo que sospechaba, y sigue preguntándose el diputado de Izquierda Unida, es si Mariano Rajoy tiene este acuerdo con quien ocupa su plaza.

Rajoy tiene reserva de plaza

En respuesta a esta pregunta el Gabinete de Presidencia decía a Llamazares que “de conformidad a la legislación aplicable (…) los registradores que están o han estado desempleñando cargos públicos incompatibles se encuentrasn en situación de excedencia por servicios especiales con reserva de plaza, habíendose designado un registrador accidental permanente para la llevanza de dicho Registro”. Y se le decía que “no existe distribución de beneficios del Registro de Santa Pola”.

“Me llegó información que no concordaba con esto”, dice Llamazares a ELPLURAL.COM. Información a la que se sumó unas declaraciones del propio Rajoy “en las que decía que podría haber ganado mucho más por su profesión de Registrador de la Propiedad” y a lo que se añade que en la declaración que hizo pública Rajoy “figura en blanco la casilla de ingresos por el ejercicio de la función pública”. Razones que llevaron en febrero a volver a preguntar en el Congreso por el asunto. Y ampliado.

Un Presidente que se sujeta “a la legislación vigente”

Entonces Llamazares preguntó si Rajoy “siguió disfrutando de los beneficios del Registro de Villafranca, en León, y de Padrón, La Coruña, cuando fue elegido diputado al Parlamento de Galicia en 1981 y director general de Relaciones Institucionales de la Xunta en 1982″. Y toda una batería de preguntas sobre su situación como registrador de Santa Pola, entre las que se incluía una para saber si “se repartía al 50% los beneficios del Registro de Santa Pola con el sustituto que le hacía el trabajo”.

La respuesta tardó dos meses en llegar, y al diputado de Izquierda Unida le ha resultado tan frustrante como las anteriores. “El Presidente del Gobierno se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública”, se limitaban a decir en el inicio de su respuesta. Y continuaban “por lo que se refiere al Registro de Santa Pola, que atendió desde finales de 1987 hasta comienzos de 1990, no ostentando entonces cargo público alguno, percibió las retribuciones que por dicho desempeño le correspondían hasta su posterior pase a servicios especiales. Dicha situación da lugar al nombramiento de un registrador accidental permanente al que corresponden, de acuerdo con la normativa hipotecaria, la totalidad de los beneficios que se devenguen, de forma que no existe distribución de beneficios del Registro de Santa Pola”… Eso sí, advierten que “el registrador titular”, o sea Rajoy, “se encuentra en excedencia por servicios especiales”.

Una información que, según Llamazares, no acaba de concordar ni con otras informaciones que ha recibido, ni con el hecho de que no salga a concurso la plaza, que ya no debiera estar en sus manos. Por cierto, nuestra suerte es similar a la del diputado de Izquierda Unida. Hemos llamado al Gabinete del Presidente a Moncloa buscando una respuesta a la misma pregunta. Hasta el momento, agua.

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CARTA DE UNA MADRE A COSPEDAL (DEVASTADORA Y REAL)


Sra. de Cospedal no puedo dirigirme a Ud. como apreciada o estimada, porque no lo es. Me dirijo a Ud sólo en los términos que le corresponden. No salgo de mi asombro; hace dos días que se ha informado, quizá ha sido una filtración, que su Ejecutivo NO va a financiar la conocida como "Prueba del Talón" que se hace a los recién nacidos a los cinco días de vida, a partir de ahora, sólo va diagnosticar dos patologías de las quince se que venían comprobando hasta ahora ( en algunas comunidades se hacen más de quince).

Como madre que va a parir a sus dos hijos en breves días estoy algo, mucho más que indignada. He permitido, como empleada de la Junta que Ud. preside, que me recorte el sueldo, que me cargue con más impuestos, que hayan sacado las "tijeras de podar" y no esté dejando títere con cabeza en todo lo referente a los Servicios Sociales; entiendame, claro que me entiende, nada para los ancianos, minusválidos, la escuela, la sanidad, las mujeres maltratadas y, para no cansarla que el poder debe desgastar muchas energías todas esas cosas por las que hemos trabajado durante los últimos ¿cuantos, treinta, cuarenta años?

Ahora se saca otro as de la manga. Mis hijos, dos, que nacerán en breve, no podrán ser diagnosticados de patologías endocrino-metabólicas que pueden afectar seriamente a su salud durante el resto de su vida, porque Ud. ha decidido ahorrar 160.000 Euros. Si, no llega a treinta millones de pesetas la cantidad por la que Ud. y su Ejecutivo ponen en riesgo la salud de mis hijos y la de toda una generación de niños de ésta tierra.

¡Claro! se me olvida que ésta NO es su tierra. Que Ud. vive en Madrid, tributa en Madrid, su hijo va a un colegio en Madrid, todos los días hay casi veinte coches oficiales con sus conductores esperándoles a Ud. y sus Consejeros en el AVE que llega a Toledo a primera hora de la mañana. Y si decide tener otro hijo ¿será también por inseminación artificial, esa de la que Ud. debería renegar como dirigente de un partido de derechas, cristiano, apostólico y romano? si decide tener otro hijo, lo tendrá en Madrid y en la "prueba del talón" le serán analizadas 20, SI veinte patologías diferentes. Naturalmente, es su hijo.

Acaso es más importante que los mios, los de las mujeres de esta tierra que son, en definitiva quienes le están pagando a Ud. el sueldo. ¿Cómo puede, pero como no se le cae la cara de vergüenza, arremeter contra una criatura indefensa que solo tiene cinco días, que pesa tres kilos y medio y que sólo tiene el amor de los suyos para defenderse en la vida?

No se lo diré nada más que UNA SOLA VEZ, si mis hijos, por no hacerle la prueba del talón completa, en el futuro, desarrollan una enfermedad que hubiera sido diagnosticada y tratada fácilmente y de resultas de esto su vida se ve afectada en lo más mínimo..... NO contrate guardaespaldas, NO rece, NO maldiga, porque NI LA TIERRA , EL CIELO O EL INFIERNO, podrán salvarla del amor y la furia de una madre.

No me despido de Ud. amablemente (faltaría más) Lo hago con la definición que la retrata, comprobada en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

MISERABLE:

3ª acepción: Mezquino (el que escatima en el gasto)

4ª acepción: Perverso, abyecto, canalla.


 


España vota NO en Europa al Derecho a la Paz.



Tropezar con esta noticia me ha hecho pasar por varios estados. El primero fue de sorpresa seguido de pena mezclada con unas gotitas de decepción. Finalmente algo en mi cabeza hizo "clik" y todo encajó. ¿Cómo van a decir nuestros políticos un SI al Derecho a la Paz cuando el comercio de armas les hace embolsarse una pasta gansa? Claaaaro. Nadie, repito, NADIE debe olvidar que unos cuantitos conflictos armados activos hoy en día se abastecen de armas MADE IN SPAIN. Sin ir más lejos, podéis leer AQUI como nuestro ministro de exteriores, José Manuel García-Margallo avisaba que España iba a enviar más armas a los rebeldes sirios. Dicho esto, os dejo con el artículo en cuestión....


Los países de Unión Europa, no olvidemos que premiada con el Nobel de la Paz, no apoyaron el pasado 13 de junio en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una resolución sobre la promoción del derecho a la paz patrocinada por dieciséis países miembros del Consejo.


En total la propuesta fue apoyada por treinta países, la mayoría del Tercer Mundo, mientras que las naciones europeas junto con Estados Unidos, Japón e India se abstuvieron (8) o votaron en contra (9). Entre los europeos que se abstuvieron estuvo Polonia, Italia o Polonia, además de Suiza que no pertenece a la UE. España, junto con Alemania, República Checa y Austria votó No.


La resolución es una iniciativa de Cuba, posteriormente asumida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que, en aras del mayor consenso posible, se limita a pedir que se colabore con el grupo de trabajo y un comité asesor ya existente para que, mediante consulta con los Estados miembros, la sociedad civil, el mundo académico y todos los demás actores relevantes, se prepare un proyecto de Declaración sobre el Derecho de los pueblos a la paz.


El citado Comité Asesor presentó el pasado año un proyecto de declaración que recoge la mayor parte de las sugerencias recibidas por parte de expertos, gobiernos y sociedad civil. Este comité sugirió cambiar el término original "Derecho de los pueblos a la paz" por el abreviado "Derecho a la paz", considerándolo más oportuno en cuanto permite incluir tanto la dimensión individual como la colectiva de ese derecho. En opinión de Micòl Savia, representante en el Consejo de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Juristas, "el proyecto supera la tendencia restrictiva a considerar la paz principalmente como un derecho colectivo y a relacionarla en forma exclusiva con temas como guerra y desarme. 'El derecho a la paz es un derecho inherente a a todos los seres humanos sin alguna distinción o discriminación' (art. 1). Y la paz no es sólo ausencia de violencia: 'toda persona tiene derecho a vivir sin temor y sin miseria' y 'vivir sin miseria implica el goce del derecho al desarrollo sostenible y de los derechos económicos, sociales y culturales' (art. 2)".


Según Savia, "la Declaración se ocupa de varias cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales (desarme, educación y capacitación para la paz, derecho a la objeción de conciencia al servicio militar, empresa militares y de seguridad privada, resistencia y oposición a la opresión, mantenimiento de la paz, etc.). Sin embargo, reconociendo que 'la desigualdad, la exclusión y la pobreza generan violencia estructural, que es incompatible con la paz y deben ser eliminadas', el texto incluye también estándares de paz positiva en áreas como desarrollo, medio ambiente, refugiados y migrantes, etc.".


Cuando en junio de 2012 el Comité Asesor presentó el borrador al Consejo de Derechos Humanos, la gran mayoría de los Estados y la sociedad civil reaccionaron con entusiasmo. La UE se limitó a tomar nota, reiterando su posición de no incluir el derecho a la paz en el derecho internacional.


El proyecto votado el pasado 13 de junio cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Fundación Paz sin fronteras que copresiden el cantante español Miguel Bosé y el colombiano Juanes. Bosé incluso asistió a un acto público organizado por los países Latinoamericanos en el Consejo. En conferencia de prensa en Ginebra afirmó no entender por qué hay naciones que se resisten a que la paz sea codificada como un derecho humano, cuando ésta es junto a la seguridad, las garantías fundamentales y el desarrollo, uno de los cuatro pilares del trabajo de Naciones Unidas.


En opinión de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra, "en un mundo en que determinadas potencias promueven guerras e intervenciones en varias regiones, resulta imprescindible la codificación del derecho a la paz, cual constituye una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho a la vida. En virtud de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden en el que todos los derechos puedan ser plenamente realizables. La paz, sin lugar a dudas, es un componente esencial de ese orden".


Se espera que el grupo de trabajo, presidido por Costa Rica, concluya sus labores en 2014 para que el proyecto de declaración pueda ser aprobado en el Consejo de Derechos Humanos, y posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.


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Ana Mato nos ve "gordos" y "vagos". No coment.


La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha pedido la implicación de todos para prevenir y acabar con la obesidad porque ha asegurado que los españoles comen "más de lo debido" y se mueven "poco".

Mato se ha pronunciado de esta manera durante la reunión constitutiva del Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad, en la que también ha participado el presidente de este organismo, el cardiólogo Valentín Fuster.

Ana Mato recordó que la obesidad se considera la "epidemia del siglo XXI"

La ministra ha señalado que, aproximadamente, el 54 por ciento de la población adulta y el 30 por ciento de la infantil sufre exceso de peso en España y que además, uno de cada dos niños entre seis y nueve años tiene sobrepeso u obesidad.

Ha recordado que las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen ya la principal causa de muerte en todo mundo y que la obesidad se considera la "epidemia del siglo XXI" por su impacto en la mortalidad y en la pérdida de calidad de vida.

A juicio de Mato, los cambios sociales, económicos, laborales y de estilos de vida han repercutido en las costumbres alimentarias y han modificado los patrones de conducta de la población hacia comportamientos más sedentarios.

"Nos movemos poco y comemos más de lo debido", ha afirmado la ministra, quien ha subrayado que el Observatorio será una herramienta básica para la planificación, evaluación y seguimiento de las políticas de prevención de la obesidad y la promoción de los hábitos saludables.

Ha pedido la implicación de "todos" porque "cambios pequeños en el estilo de vida de niños y jóvenes, como una alimentación adecuada, variada, menos calorías y más ejercicio físico, pueden frenar la amenaza de la obesidad".

Ha señalado que el Plan de Infancia y Adolescencia recoge medidas concretas para evitar problemas de nutrición u obesidad en las familias más vulnerables y ha incidido en que éstas serán "una prioridad absoluta" en el reparto de subvenciones a las entidades con cargo a la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF.

Valentín Fuster ha incidido en la importancia de una educación temprana en cuanto a nutrición se refiere y ha destacado el valor de la ciencia porque sin ella "diríamos muchas tonterías".

"La gente cuando se educa, reacciona", ha insistido Fuster, quien ha opinado que los médicos deben trabajar en proyectos tangibles "y no sólo hablar".

Para Fuster, España es el país con más talento de todos los que ha visitado pero el problema que tiene, ha dicho, es la negatividad que padece.

Para facilitar el trabajo del Observatorio se ha diseñado una web que servirá de conexión con los ciudadanos.

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¿Qué hacemos ahora con la cláusula de suelo a partir de la sentencia del Tribunal Supremo?


El auto del Supremo, que establece la nulidad de las cláusulas suelo por no ser transparente, afecta sobre todo a aproximadamente 700.000 hipotecados de BBVA, Cajamar y Caja de Ahorros de Galicia. Los usuarios de estas entidades verán anulada la cláusula en las próximas fechas, aunque no podrán reclamar la devolución del dinero salvo por vía judicial. Desde las asociaciones de consumidores piden no bajar los brazos y continuar la lucha para reclamar el dinero que las entidades se han apropiado de forma indebida, además de prestar atención a posibles negocios con peticiones de cobro de comisiones por parte de representantes jurídicos que pueden llegar hasta el 25%. Por último, reclaman a las Comunidades actuar y multar "con hasta cinco veces el dinero defraudado".

¿Qué bancos y en qué plazos?

La sentencia del Tribunal Supremo obliga a la anulación inmediata de las cláusulas suelo con efecto desde el pasado 9 de mayo. BBVA, CAjamar Caja Rural y Novacaixagalicia son las entidades más afectadas.

BBVA: anunció este miércoles que dejará de aplicar la cláusula suelo tras la sentencia del Tribunal Supremo. Según ha podido saber 20Minutos, la intención de la entidad es que a finales de este mes de junio, seguramente el día 30, o ya en julio, el usuario lo empiece a notar. Sin embargo, no pueden garantizar un plazo para la devolución de lo cobrado de más en mayo "por cuestiones técnicas e informáticas". "Lo haremos lo antes posible", aseguran.

Cajamar Caja Rural: la entidad espera que a primera hora de este viernes más del 90% de los clientes hayan recibido el abono en sus cuentas de la reliquidación de las cuotas aplicadas con posterioridad a fecha de 9 de mayo. A partir de las 00.00 horas de este jueves dará comienzo en sus sistemas informáticos el proceso destinado a dejar de aplicar la cláusula suelo a todos los préstamos hipotecarios que la incluyen así como a regularizar la liquidación del importe cobrado desde que se declararon nulas.

Novacaixagalicia: la medida afectará a unos 90.000 clientes de la entidad, el 49% de la cartera de créditos con personas físicas, y a 6.600 millones de euros de financiación hipotecaria. "Durante las próximas horas la red de oficinas contactará con todos sus clientes para informarles de la modificación de los contratos y sus efectos", asegura en un comunicado.

Otras entidades: Santander y Bankinter han declarado que las hipotecas de sus clientes no tienen cláusulas suelo, por lo que no les afectará la sentencia. Pero otras como Sabadell y Popular las mantendrán porque defienden que fueron vendidas correctamente. Además, en el listado de entidades con este tipo de cláusulas figuran también CaixaBank, KutxaBank y Bankia.

¿Qué hacer si se tiene una cláusula suelo?

Con una sentencia firme como en este caso, el usuario no tiene que hacer nada. No es necesario ponerse en contacto con la entidad correspondiente, ni hacer ningún tipo de solicitud o petición de que se ponga fin a esta cláusula abusiva. La anulación se hace de forma automática. Sólo hay que "estar alerta" en los siguientes dos meses para comprobar que efectivamente se está cumpliendo con lo requerido en la sentencia. Desde la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) piden no firmar nada porque no es necesario e incluso, destaca, podría tener algún interés por parte del banco de cara a comprometerse con no exigir nada en el futuro.

Sin embargo, la Asociación General de Consumidores (ASGECO) solicita a los usuarios acudir a la entidad y registrar un escrito en el que haga alusión a la sentencia y donde soliciten la supresión de la cláusula suelo y la correspondiente revisión de la cuota. "Si el banco hace caso omiso, podrán reclamar en el futuro el importe de la hipoteca que hayan pagado en virtud de la cláusula anulada desde el momento en el que se efectúa ese trámite".

En cualquier caso, si en la siguiente mensualidad se detecta que sigue pagando este interés, ASGECO recomienda solicitar un juicio declarativo para obligar el cumplimiento de la sentencia.

¿Se tienen que hacer nuevas escrituras?

Rotundamente no. No hay coste notarial. Los jueces deben reconocer que, en caso de que el usuario gane a la banca, ésta asuma las costas. La posibilidad de que el juez tome la misma decisión que el Supremo puede despertar dudas. Según FACUA, "eso está echando a mucha gente atrás, pero hay que hacerlo porque hay muchísimo dinero en juego por uno de los mayores fraudes financieros en la historia".

¿Cómo pedir que devuelvan el dinero?

La sentencia no garantiza la devolución y no tiene carácter retroactivo. El Tribunal Supremo considera que la devolución de todo el dinero cobrado de más durante estos años supondría un duro golpe al sistema financiero, por lo que perdona a la banca miles de millones de euros para no poner en riesgo el sistema.

Es una incógnita saber qué doctrina va a aplicar cada juez. Nos preocupa que hagan lo que diga el SupremoLa forma de solicitar la devolución es acudir a la vía judicial, de forma particular o en demandas colectivas. El problema, dice FACUA, es que puede haber jueces que apliquen la ley en materia de cláusulas abusivas según la Ley General de Consumidores y el Código Civil y que les devuelvan el dinero. Y otros jueces que se tomen al pie de la letra la sentencia del Supremo y la apliquen usuario por usuario. "Es una incógnita saber qué doctrina va a aplicar cada juez. Nos preocupa que hagan lo que diga el Supremo. Deberían asumir la legislación", asegura Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

Desde esta organización alertan del negocio que puede montarse y piden cautela a la hora de elegir en qué manos se pone para acudir a los tribunales. "Hay quien está abusando pidiendo una comisión del 25% de lo que se recupera", asegura el portavoz. "Que firmen desde el primer momento qué condiciones y si les exigen el cobro de una cantidad fija más una comisión, que tengan muchísimo cuidado porque este 25% es desproporcionado. Hay todo un negocio", añade.

Por vía judicial debe solicitarse la devolución del dinero, una indemnización con los intereses y esperar que el juez, si da la razón al usuario, establezca que el banco debe asumir las costas.

¿Qué papel tiene la Administración?

Desde FACUA se denuncia que no se está haciendo "prácticamente nada ante el fraude masivo" desde el Gobierno. "Ni con Zapatero ni con Rajoy". "Las Comunidades Autónomas tienen poder, capacidad y competencias para pedir al banco que cumplan la ley, dejen de aplicar la cláusula y además pedir la devolución del dinero ilegalmente ganado. Además, pueden poner una multa de hasta cinco veces lo que se haya defraudado. Pero no lo hacen por dejación de funciones, cobardía... no lo sabemos", concluye.

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De como el gobierno de España asfixia a su pueblo mientras restaura una tumba de un dictador


El Gobierno ha aprobado destinar una partida de 286.845 euros al proyecto de restaurar la portada de la Basílica del Valle de los Caídos. El plazo para que las empresas presentaran sus ofertas finalizó el pasado 3 de junio por lo que el próximo paso que dará Patrimonio Nacional, adjudicadora del proyecto, será el de estudiar las solicitudes y adjudicar las obras.

El PSOE ha criticado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy destine casi 300.000 euros a restaurar la fachada de la basílica en lugar de "dignificar" los osarios de los casi 34.000 muertos allí depositados. Ramón Jáuregui, que ha registrado una batería de preguntas sobre el tema en el Congreso, recuerda que el informe de la comisión de expertos del Valle de los Caídos de finales del 2011 aconsejaba "detener el deterioro" del conjunto del Valle de los Caídos pero apuntaba que dicho "esfuerzo" económico exigía previamente "una pacificación social y política" del mausoleo y hacer del conjunto monumental "un lugar de encuentro de todos los españoles".

Antes el traslado de Franco

A juicio del primer partido de la oposición, dichas condiciones no se dan dado que el Valle de los Caídos sigue siendo "un lugar de memoria del bando que triunfó en la guerra civil, que dirigió una dictadura de 40 años y que reprimió la libertad de todos los españoles". En este sentido, los socialistas reclamarán que la restauración vaya precedida de un proyecto de redefinición del Valle como lugar de memoria de todos los caídos en la guerra civil, lo que implica el traslado de los restos de Franco a otro lugar --"Él no fue víctima", ha recordado Jáuregui--, la construcción de un centro de interpretación de lugar y el acondicionamiento en condiciones de dignidad de los restos allí inhumados.

Jáuregui también ha pedido al Gobierno que explique las razones por las que no ha seguido las recomendaciones del informe de la comisión de expertos y que aclare si cree más importante restaurar por la escultura de La Piedad que "dignificar" los osarios de los casi 34.000 fallecidos durante la guerra civil allí depositados.

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Ser hacker, querer ayudar y que te estigmaticen por ello




“Yo odio a los pedófilos y lo único que quería era ayudar a desmantelar este tipo de páginas. Ahora ya no se me vuelve a ocurrir hacer nada por nadie”. Con estas palabras da comienzo, o finaliza (según se mire), el relato del experto en seguridad que ha creado una herramienta por la que por primera vez se puede rastrear la red Tor. Sus implicaciones en la búsqueda de redes de pederastia por lo profundo de la web le ha costado la detención y que fuera tratado como a uno de sus perseguidos.


“Fue en noviembre [de 2012] cuando desarrollé un programa que rastreaba e indexaba esas webs ocultas y lo tuve ejecutándose un par de meses, en los que obtuve más de 100.000 webs catalogadas por diferentes etiquetas para identificar el tipo de páginas que eran”, explica el implicado al que llamaremos Hache.


“Aparecieron multitud de páginas y foros de pederastas, incluso te encontrabas con mensajes de los administradores regocijándose porque llevaban x años online y que nunca les había ocurrido nada... como si fuera una ciudad sin ley donde pueden campar a sus anchas”.


Es en la denominada Deep Web donde confluyen todo tipo de actividades ilegales como venta de armas, tráfico de drogas, pedofilia, asesinos a sueldo, y cuyo sistema imperante es la red TOR (The Onion Router) prácticamente imposible de rastrear y de identificar la identidad del usuario impidiendo así cualquier intervención externa. De ahí la importancia de la creación de un programa capaz de rastrear este submundo cibernético. Sin embargo, En España, la reforma del Código Penal de 2010 añadía el artículo 197/3 en relación con el acceso a sistemas, que establece que: "El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años”. Es decir, no distingue entre si son intrusiones para comprobar medidas de seguridad o si son intrusiones con finalidad ilícita.


“Sabía de las implicaciones legales -explica Hache-, pero continué y en varias webs conseguí encontrar fallos que permitían extraer toda la base de datos, incluido el listado de usuarios (en uno de ellos había más de 30.000 pedófilos registrados). Realicé varias aplicaciones para extraer la base de datos de forma semi-automática de estas páginas con fallos y envié los programas al Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (GDT) por si les era de utilidad”.


Atrapado en la red


Dos meses más tarde, siete agentes de la Policía judicial le esperaban en el garaje de su domicilio con una orden de registro en la mano prestos a realizar la detención.


“La investigación procedía del FBI y la Europol y por mucho que dijeran que habían rastreado mi IP desde el foro concreto del que se me acusaba una supuesta pertenencia, esta red va cifrada” asegura Hache, “la única forma que hay de obtener datos es monitorizando nodos origen, donde las comunicaciones van sin cifrar, algo que hace el FBI de forma habitual”. Por lo que parece toda la operación surgiría de un servidor del FBI por el que controlan y monitorizan las conexiones que pasan por ahí para tener controlado a quien se descargue imágenes y eso, en principio, según fuentes jurídicas de la Fiscalía, podría ser un agente provocador, una figura que no está contemplada en nuestro derecho, y que haría impune los delitos investigados.


“En cuanto al trato, aparte de que uno a uno me iban presionando, a su forma, para que 'cantara', en general puedo decir que no se portaron mal, salvo el típico borde que te humilla psicológicamente con preguntas o sugerencias como que soy gay, neonazi, que necesito ayuda psicológica, que es mucha casualidad que me pasara dos veces, etc. A pesar de todo, quiero que conste que la GDT hizo todo lo posible por ayudarme y sacarles del error”.


En el registro realizado en el domicilio de Hache, aún en el supuesto de haber encontrado imágenes, éstas se habrían almacenado de forma temporal en el ordenador por lo que no es delito. “En su día hubo una propuesta para que en la última modificación del Código Penal en 2010 se incluyera como delito, pero no se llegó a hacer”, informan desde la Fiscalía. “Si hubiera un canal tipo youtube para ver ese material en principio no sería delito. Sería del que pusiera el video a disposición de los demás. Pero descargar el archivo para guardarlo sí es posesión”.


“En España luchar contra esta gente es complicado porque la ley siempre les ampara” afirma el hacker, “pero sería muy sencillo realizar una aplicación que descargara todas esas fotografías de niños y anotara los hashes o huellas de los ficheros, de manera que luego se puedan buscar en las redes P2P o en los ordenadores incautados de pedófilos”


Lo que sí hicieron, en su caso, fue llevarse todos los dispositivos electrónicos, discos duros, memorias, portátil, Ipad, discos multimedia, “hasta las antenas wifi”. Según las mismas fuentes jurídicas de la Fiscalía, “la unidad que lleva a cabo las periciales informáticas, para examinar los ordenadores y hacer la pericial que puedan valer en el juicio, es muy pequeña, de 14 ó 16 personas para toda España, por lo que tienen un atasco de materiales pendientes de análisis de varios años de retraso. Pasarán varios más hasta que devuelvan el material incautado”.


El hecho de que él colabore con el cuerpo de Policía no le ha dado ningún estatus especial. “La coordinación entre las diferentes fuerzas del estado es deplorable, no tienen información cruzada. Si se hubieran informado antes habrían visto quién soy realmente”, se lamenta Hache.


Cuidad sin ley


No era la primera vez que Hache colaboraba “por iniciativa propia” con los diferentes cuerpos policiales del Estado. “Fue en agosto de 2010 cuando llegué a una web donde se hablaba de un foro 'pedo', y donde todo el mundo estaba alarmado por la libertad con la que la gente escribía de temas de menores en él. Como analogía, imagina que un hombre le está pegando a una mujer en mitad de la calle y hay un corro de gente mirando y diciendo cosas...pero nadie ayuda. Decidí hacer una auditoría de seguridad de la web y hallé una serie de cosas”.


Las pesquisas de Hache le llevaron a descubrir que a pesar de estar registrada tras un dominio anónimo y tratarse de un foro internacional, la IP estaba en Barcelona y pertenecía a un cliente de Jazztel, y que tras el dominio había muchas carpetas ocultas con copias de otros foros previamente desmantelados por las fuerzas del estado en anteriores operaciones policiales. “Además, como la web era una versión antigua de Joomla, intenté buscar fallos de seguridad para extraer los datos de los pedófilos, pero tenía bastantes protecciones y finalmente desistí”. Después de denunciarlo a través de internet a los diferentes cuerpos policiales del Estado, alertó a algunas asociaciones antipedofilia, y así quedó la cosa.


Cuatro meses más tarde, a las ocho de mañana, siete agentes de la Guardia Civil y un agente judicial con una orden de registro, aparecieron en la puerta de su casa y, tras entregarle una denuncia, procedieron a inspeccionar el domicilio. Dicha denuncia indicaba la web a la que supuestamente había accedido y que el motivo del registro era una posible vinculación a un grupo de pederastas.


“Al principio estaba desorientado, pero tras leerlo y reconocer la web en cuestión, les conté todo y les mostré los mails con las denuncias. Acto seguido llamaron a sus superiores en Madrid -era una operación de los Mossos d’Esquadra- y en unos minutos cancelaron la orden de registro y únicamente se llevaron mis dos discos duros del PC, por rutina”. Esta vez no hubo detención. Le llamaron a declarar al cuartel y un mes más tarde ratificó la declaración en el juzgado con su abogado.


El delito de ser hacker


“[Hache] es un hacker reputado, ha dado conferencias sobre seguridad en la web y sobre los peligros de TOR”, dice al diario.es otro miembro de la escena hacker que prefiere mantenerse en el anonimato, “sus denunicas de gente por conductas relacionadas con pornografía infantil han acabado con la desarticulación de algún foro de pederastas”. El foro al que se refiere, y el que relataba Hache, fue el de protegenos.com, que fue desmantelado en 2010 y que se saldó con 8 detenidos y una veintena de registros.


Este es uno de los muchos foros y páginas que transitan por la periferia de internet y pueblan un submundo oscuro y depravado. Según la Interpol a comienzos de 2013 su base de datos tenía 3.000 víctimas identificadas en 40 países. Solo en España se han detenido a más de 16.000 pedófilos.


En este sentido, fuentes cercanas a la Fiscalía de delitos informáticos se expresa: “De los primeros escarceos policiales en los 90 con piratas informáticos, que eran una vergüenza, a ahora que son una de las unidades más eficaces de Europa, ha mediado un mundo de formación y preparación y muchas veces ha sido gracias a la colaboración de gente como esta. No es cuestión por tanto de tirarnos tiros a nuestro propio pie estigmatizando a la gente que desde el ámbito privado nos está ayudando. Interesa, en virtud de la justicia, que lo mismo que los culpables sean condenados, que los inocentes queden libres de toda culpa lo más rápido posible”.

Para Hache, su servicio ha terminado.
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Ya hay jueces que alzan la voz contra el exceso de protección hacia la Casa Real



El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y otros tres jueces del órgano judicial han calificado como inaceptable el hecho de que los miembros de la Casa Real gocen de una mayor protección de su honor que el resto de ciudadanos.


Los cuatro jueces han firmado un voto particular en el que se oponen a la confirmación de la sentencia que condenó el pasado mes de marzo al pago de una multa de 6.480 euros al coronel retirado Amadeo Martínez Inglés por un delito de injurias graves a la Corona que cometió al escribir un artículo en el que, entre otras cosas, calificaba de "despreciable" a la Familia Real y llamaba "putero, borracho y cabrón" al rey.


Grande-Marlaska, Ramón Sáez Valcárcel, José Ricardo de Prada y Guillermo Ruiz Polanco indican que el rey y su familia deben someterse, por contra, a un mayor escrutinio y crítica pública. "Cuanto más arriba en la pirámide de poder, mayor sometimiento al control", dice el voto particular.


Los magistrados recuerdan que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo impuso a España el pago de una indemnización de 20.000 euros al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi que había sido condenado por llamar al monarca "jefe de los torturadores".


Contra el interés público


El voto agrega que la condena penal de este tipo de "críticas" disuade del cuestionamiento de la forma de Gobierno en detrimento del interés público "que demanda una opinión plural, informada y formada". "La política en democracia significa un cuestionamiento permanente de la legitimidad de ejercicio de los poderes instituidos", añade.


En opinión de los cuatro jueces, la posición dominante que ocupa la Corona "requiere de las autoridades que demuestren contención en el uso de la vía penal".


Recuerdan también que el coronel retirado condenado "no llamó al Rey borracho ni putero ni ninfómana" sino que los dirigió contra una dinastía, la de los Borbón. "En ese ámbito de valoración histórica no hay privacidad, ni honor, ni prestigio ni reputación", concluyen.


La mayoría de los integrantes de la Sala de lo Penal, 14 magistrados, se han inclinado por confirmar la condena impuesta por un artículo de Martín Inglés publicado el 12 de diciembre de 2011 en el periódico digital 'Canarias semanal' con el título '¿Por qué te callas ahora?'.


En él criticaba la actuación del rey ante las actividades que se le imputan a su yerno, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en el marco del 'caso Nóos', y cuestionaba que jefe del Estado hubiera acudido a un gran premio de Fórmula 1 utilizando un avión militar.


De igual modo, señalaba que Juan Carlos de Borbón creía "provenir del testículo derecho del emperador Carlomagno" cuando en realidad lo hace "de la pérfida bocamanga del genocida Franco" y aseguraba que es el "último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica".


"Háblanos de todas las irregularidades y presuntos delitos cometidos por tu regia persona", pedía el coronel en el articulo antes de advertir al monarca de que "a todo cerdo le llega su San Martín". "A ti, y a toda tu familia y parentela más o menos cercana de enchufados, vagos y maleantes de toda laya, parece ser que está a punto de llegaros", agregaba.


La sentencia confirmatoria defiende que la libertad de expresión del condenado no puede justificar "un pretendido derecho al insulto" o intervenciones que afecten al núcleo último de la dignidad de las personas.


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El PP lleva la contraria al certificado de vida laboral de Bárcenas. Qué cosas...

Ni "indemnización en diferido" ni "simulación de contrato", Luis Bárcenas estuvo contratado por el Partido Popular al menos hasta enero de 2013. Así lo demuestran los documentos que obran en poder del juez Ruz y que ha remitido el Ministerio de Empleo al instructor de la causa. Esa documentación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, demuestra que Bárcenas siguió a sueldo del PP hasta que esta redacción destapó que esa era la situación real de las relaciones entre Génova y quien fue su tesorero.


Según la vida laboral de Luis Bárcenas, se mantuvo en activo hasta marzo de 2013. La última aportación a la Seguridad Social que figura en la documentación remitida al juez se refiere a enero de 2013. Todo ello, muchos años después de iniciarse la instrucción del caso Gürtel con Bárcenas como uno de sus principales imputados.


Eldiario.es publicó en febrero que Bárcenas no había sido despedido. Según la vida laboral del extesorero, aportada al juez Ruz, su contrato se mantuvo en activo hasta mediados de marzo. La información remitida por la Seguridad Social incide en esa idea al señalar que hasta enero de este año, el partido de Rajoy cotizó por los servicios prestados por su extesorero.


Mientras Bárcenas seguía cobrando de Génova, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, se enzarzó en una guerra abierta contra el extesorero que acabó con la presentación de una demanda motivada por los papeles atribuidos al segundo. Este estadillo de cuentas desnuda a un PP donde el cobro de sobresueldos y otro tipo de favores se insinúa como una práctica habitual y extendida en el tiempo.


La última novedad sobre estos privilegios fue aportada por esta redacción en relación al actual vicesecretario del PP, Esteban González Pons. Según la información desvelada por eldiario.es, González Pons reside en Madrid en un piso pagado por el partido y alquilado por una de las principales empresas relacionadas con la trama Gürtel. La empresa, Everland S.L., pertenece a la familia de otro exalto cargo del PP, Jesús Merino, imputado por el presunto cobro de comisiones a cambio de intermediación en la concesión de obras.


La situación de Bárcenas se repitió con otro de los imputados de la Gürtel, Luis Sepúlveda. El pasado 3 de febrero, eldiario.es desveló que Génova seguía pagando el sueldo del exmarido de la ministra Ana Mato. Los de Rajoy mantuvieron a Sepúlveda a sueldo solo hasta que trascendió la noticia de que la nómina del PP le seguía llegando mes a mes. Todo ello, a pesar de los escándalos sobre regalos y tratos con la Gürtel que se han ido publicando sobre su Mato y su exmarido.




 


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Carta de un padre al usurero Javier Fernández-Lasquetty

No puedo hablar desde una experiencia de años y años porque no he vivido tanto, pero si puedo afirmar que en 35 años jamás he visto los niveles de crispación social que se viven hoy en día. Si es cierto que gente descontenta con el partido político que tocase esa legislatura, ha habido siempre. Pero no creo que haya nadie que me pueda convencer (ojo, que he dicho convencer, usar argumentos y tal. Nada de llevarme la contraria de forma gratuita...) de que lo que está pasando hoy en día no se sale de la norma.


Este gobierno está tensando las cuerdas amparándose en el, llamémosle aguante español (por no decir atocinamiento ibérico) sin pararse a pensar qué puede llegar a pasar si una de esas cuerdas se rompe. Y detrás, otra. Y otra...

Aquí os dejo una muestra escrita de unas cuantas hebras de una de esas cuerdas que, con toda la razón, ya se ha roto. No es más que la rabia e impotencia de un padre que ve como el robo de la sanidad pública le afecta (nos afecta) mientras sanguijuelas como el señor Lasquetty (¿señor? Bueno, dejemoslo así, tal vez si digo usurero sin escrúpulos haya quién se ofenda) se enriquece pasando por encima de la salud del pueblo ante el que, no nos olvidemos, debe responder.

Despreciable y ponzoñoso mercachifle:

Te escribo con el mayor ánimo del mundo de ofenderte. Quisiera causarte el daño personal que con tu actuación nos causas tú a los demás. Quisiera que sintieras la humillación que he sentido yo esta mañana, cuando he llevado a mi hijo a una revisión medica rutinaria al Hospital Niño Jesús y me he topado, por primera vez y cara a cara con vuestros putos recortes. Este es el objetivo principal, y no otro, de esta carta que escribo presa de la ira más violenta. Aunque supongo que no la leerás. Eres un cobarde por no acudir a los centros de salud y a los hospitales a dar la cara y a explicarnos a los madrileños y a las madrileñas que los usamos lo que nos estás haciendo, y el mal que nos estas causando. Ya me he calmado un poco, pero esta mañana, en el Hospital, si te hubiera visto, habríamos tenido un problema. Tú de salud, y yo legal, porque no habría dudado en caer sobre ti hecho una hidra. Tus decisiones políticas, tu ánimo de enriquecer a tu despreciable clase social, están causando graves perjuicios a muchas personas.


Debes saber que he pasado la mañana en el Hospital Infantil Niño Jesús, un hospital público, orgullo de la ciudadanía madrileña, por la calidad de sus servicios y por sus médicos, que si no son autoridades científicas de reconocimiento internacional en una cosa, lo son en la otra. He pasado toda la mañana esperando a ser atendido en una consulta de revisión para la que tenía cita mi hijo. Durante horas, he deseado fervientemente que te pille el peor de los ébolas catalogados y conocidos. La cita era a las 10 de la mañana. Nos han atendido a las 12:00 y es la una cuando escribía estás líneas, sentado en una sala de espera masificada, presa de la ira más destructiva. Y ahora, tras la consulta, me queda al menos otra hora de espera, nada menos que para pedir cita para la próxima visita.

Desde que mi hijo Artur vino a España, tras el proceso de adopción en Rusia, está sometido a controles médicos periódicos en el Servicio de Pediatría Social de dicho hospital. No tiene nada grave, pero como seguro que sabes, los niños y niñas adoptados en Madrid son asignados a uno de los servicios de Pediatría Social, donde son especialistas, entre otras cosas, en el tipo de trastornos que suelen traer quienes han sufrido abandono y han pasado por un periodo más o menos largo de institucionalización antes de la adopción. En los tres años que llevo acudiendo varias veces al año a este servicio no he tenido mayores problemas ni molestias que alguna espera moderadamente larga. Nada grave, en cualquier caso. Esta mañana, sin embargo, he percibido hasta qué punto están afectando a la calidad del servicio y de los cuidados que reciben nuestros hijos e hijas los recortes en las políticas sociales que estáis llevando a cabo vosotros, ponzoña que sobra en el mundo, con el único objeto de robar el dinero que la sociedad invierte en su sistema sanitario público. Y he percibido también el desprecio con el que vosotros, partida de malnacidos pijos peperos de mierda, tratáis a los usuarios de la sanidad madrileña. No puede explicarse de otra forma la nueva política de solicitud de citas que habéis implantado, que más parece un castigo al usuario de la sanidad pública que otra cosa.

Cuando llegamos al hospital sobre las 9:45 y anunciamos que vamos al servicio de Pediatría Social, nos encontramos con que les han desalojado del edificio principal y les han mandado a un barracón prefabricado que hay en el patio. Es que hay obras, nos aseguran, avergonzados, los empleados a los que preguntamos. Llegamos al barracón y segunda sorpresa: no hay personal auxiliar. Sólo una administrativa para atender a varios médicos, y no da abasto con el teléfono, las citas, las idas y venidas de historiales…. Pero no sólo ella está agobiada: según podemos comprobar, el número de médicos del servicio es ahora menor, y el que nos atendía habitualmente ya no está. Nos va a atender otro doctor. La confianza en los médicos del Hospital Niño Jesús es absoluta, eso no me preocupa demasiado, lo que me preocupa, nos preocupa, es que ahora, la mitad de médicos tengan que atender a los mismos pacientes. Dos horas más tarde de la cita que nos dieron, pasamos a ver al médico, que nos atiende estupendamente, aunque, como no conocía a Artur, nos dedica casi una hora, para leer su historia, reconocerle y hablar con nosotros. Lo dicho: los médicos son estupendos. Nos pide que le hagamos al niño una radiografía, cosa que hacemos en el momento, y que pidamos cita con él en 20 días para ver el resultado.

Tercera sorpresa: ya no se puede pedir cita por teléfono, ni por correo electrónico, ni mediante ninguna web. Sólo se puede pedir cita de manera presencial. Es decir, que si trabajo y mi hijo necesita ir al médico, tengo que pedir permiso en el trabajo, y perder al menos dos o tres horas en desplazarme al hospital para allí, de manera presencial, pedir la cita, y echar la mañana en ello, porque para pedir cita, hay que hacer cola, y una cola muy larga. Cuando llegamos a admisiones, que es dónde se pide cita, nos encontramos con que tenemos el turno 91. Por delante de nosotros hay 82 personas: van por el 9. La sala de espera es minúscula, y sólo dos personas atendiendo a la gente, y en muchos casos, especialmente para las primeras visitas, repitiendo el indignante mantra que les mandáis desde el PP: “hay una espera de tres meses. Si quiere usted, le podemos derivar a una de estas clínicas“… y recitan un listado de clínicas privadas. Un médico, después, nos aseguró que es mentira, y que algunos servicios sólo están masificados como consecuencia de la desaparición de facultativos.

Si de mí dependiera, os lanzaba vivos al Océano Pacífico desde un avion militar. ¿Cómo tenéis la desfachatez de destrozar un hospital público que era una referencia, para mandar a los pacientes a clínicas privadas, de los que probablemente sois accionistas vosotros o vuestros testaferros?¿Pero qué tipo de mangantes sois? ¿Es que no tenéis vergüenza, ponzoña? Sois peores que los terroristas. Mucho peores.

Término con un deseo: que sufras en la enfermedad las mismas humillaciones y padecimientos físicos que estáis causando a los usuarios de la sanidad madrileña, que son muchos…

Me despido manifestándote mi mas absoluto desprecio, y te advierto que por desprecio no debes entender ignorancia, sino odio.

Ricardo Royo-Villanova

Usuario de la sanidad pública madrileña.

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González Pons eleva un grado más las burlas del Gobierno hacia el pueblo

 

Entre ‘sobresueldos’ e ‘indemnizaciones’ el PP, partido que gobierna España con mayoría absoluta, no gana para disgustos. En Génova 13 no dan abasto a fabricar y repartir argumentarios, pero a raíz de las declaraciones del número cuatro del partido (por detrás de Rajoy, Cospedal y Arenas), Esteban González Pons, el PP debería prohibir terminantemente el uso de la palabra ‘indemnización’. Resulta que a Esteban González Pons, azote del PSOE, le pagan el alquiler de su piso en Madrid dos veces, una su partido y otra el Congreso de los diputados. Y para justificar el cambalache el político valenciano dice que se trata de una “indemnización” por ser diputado, es decir que a Pons le parece tan duro dedicarse a la política que no solo cobra un sueldo por ello, sino que además hay que indemnizarle.

Los hechos

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, cobra de su partido 1.455 euros mensuales por el alquiler de la vivienda en la que reside cuando está en Madrid. Pero además, como es diputado de provincias, el Congreso de los Diputados le paga 1.823,26 euros mensuales en concepto de gastos de alquiler y desplazamientos. En total, para costearse su vivienda en Madrid Pons recibe casi 40.000 euros al año (39.339,12 euros) que para sí quisieran muchos asalariados de este país.

Para colmo resulta que el piso de González Pons lo alquila la empresa Everland, relacionada con la trama Gürtel, asunto sobre el que el diputado del PP afirma: “el piso no lo alquilo yo, sino el PP”. En definitiva, el piso en el que vive Pons en Madrid pertenece a una empresa relacionada con la trama Gürtel, lo alquila el PP para que resida en él Esteban Goznález Pons, y además el PP le paga a su diputado 1.455 euros para que pague el alquiler.

La empresa Everland tiene como administradora única a Isabel Gutiérrez Benito, mujer del exdiputado del PP Jesús Merino. Según la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, Everland era una de las empresas que supuestamente utilizaba Jesús Merino para cobrar comisiones de las empresas vinculadas a la trama Gürtel.

“Indemnización”, la palabra favorita del PP

Los papeles de Bárcenas han puesto al descubierto que casi un centenar de dirigentes del PP cobran sobresueldos (y generosos además), que no les afectó en absoluto la crisis, y que los jueces investigan de donde procede ese dinero o cómo es posible que el PP manejara tanto dinero como para pagar campañas electorales, tener miles de personas en nómina, pagar generosos sobresueldos y no tener deudas.

El colmo fue la explicación de la número dos del PP, Dolores de Cospedal, cuando se descubrió que el ex tesorero Luis Bárcenas, no había sido despedido en el 2.010, sino que siguió cobrando del PP hasta el 31 de diciembre de 2012, además de mantener su despacho en la sede nacional del partido, coche del partido y secretaria cuyo sueldo pagaba el partido. Descubierto el pastel, el PP tuvo que ‘prescindir’ de Bárcenas, y éste les demandó por despido improcedente. Para justificar las nóminas pagadas a Bárcenas, Cospedal argumentó la famosa “indemnización en diferido”, figura que no existe en el ordenamiento jurídico laboral español. Ahora Pons habla de “indemnización por ser diputado”. Nadie en España sabía que a los diputados había que indemnizarles mensualmente por ocupar un escaño. En declaraciones recogidas por Europa Press, Pons asegura que recibe una “ayuda” del Congreso de los Diputados en concepto de “indemnización por ser diputado”.

Pons: “es una indemnización”

Esteban González Pons ha afirmado en declaraciones al Canal 24 horas que “Basta con ir a la página Web del Congreso de los Diputados para ver que esa ayuda no son dietas sino que es una indemnización, y que no es para vivienda sino para el gasto propio del ejercicio de cargo de diputado”. En la misma entrevista explicó que su casa está en Valencia, que es donde reside su familia, y por ello el PP le ha ofrecido una vivienda en Madrid que ocupa temporalmente.

 

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El Gobierno prepara una Ley mordaza sobre lo que comemos

El Grupo Popular en el Congreso pretende prohibir por ley estos estudios independientes que analizan irregularidades en los alimentos. Para ello han presentado una enmienda al Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Recordemos que, como en el caso de la carne de caballo, estos estudios realizados por asociaciones de consumidores jamás han sido rebatidos y siempre se han demostrado como veraces, despertando un gran interés social.

Desde el Partido Animalista apoyamos todas las medidas que favorezcan a la sociedad el acceso a la información a través del etiquetado de los alimentos, que nos permita como consumidores éticos elegir qué productos compramos y cuáles dejamos de consumir.

Con esta medida se pretende impedir que asociaciones de consumidores, medios de comunicación y en definitiva cualquier persona física o jurídica den a conocer los fraudes en el etiquetado de los alimentos.

El Gobierno podría ordenar así la retirada de publicaciones que incluyesen las conclusiones de estos estudios o su eliminación de páginas web, incluyendo sanciones para los responsables de las publicaciones.

Al igual que la asociación de consumidores FACUA, el Partido Animalista denuncia que la medida es claramente inconstitucional, ya que atenta contra los derechos fundamentales a la información, la salud y la protección de los consumidores, derechos éstos que defiende el Partido Animalista.

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Las facturas que el PP le paga a Wert

Inspire Consultores, la empresa que José Ignacio Wert fundó a finales de 2005 centrada en el asesoramiento sobre los campos de la comunicación, la opinión pública y la responsabilidad social corporativa, ha facturado al Partido Popular 453.180,80 euros desde el año 2006.

Un buen cliente

Así consta en la contabilidad oficial que el PP ha remitido a la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. En concreto, cuando el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte era dueño de Inspire Consultores encontró en el Partido Popular uno de sus mejores clientes.

Los pagos año a año

Tanto es así que desde el año 2006 Inspire Consultores no dejó de recibir encargos del Partido Popular. En 2006 los populares abonaron a la empresa fundada por el ministro 48.140 euros. Cifra que se dobló en 2007, cuando el PP transfirió a Inspire Consultores 107.936 euros. En 2008 los pagos alcanzaron los 64.728 euros y al año siguiente rondaron los 100.000 euros (98.785,60 euros). 2010 fue el año en que la empresa consultora de Wert obtuvo menos ingresos de manos del Partido Popular (40.240,20 euros). Cifra que se aumentó de forma muy considerable en 2011, facturando 93.361 euros a Génova 13.

Ministro desde 2011

Cuando en diciembre de 2011 José Ignacio Wert fue nombrado ministro de Educación, Cultura y Deportes abandonó la presidencia de Inspire Consultores. La documentación que obra en manos del juez Ruz refleja las cuentas del Partido Popular hasta el mes en que Rajoy le nombró ministro, y por tanto no consta si desde Génova 13 han seguido trabajando de forma tan estrecha con Inspire Consultores.

La versión del PP y del ministro

Este periódico se ha puesto en contacto tanto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, como con el Partido Popular con el objetivo de conocer en qué consistían los trabajos que Inspire Consultores realizó por valor de casi medio millón de euros. A falta de obtener respuesta del Gabinete de Wert, desde la Oficina de Prensa del PP defienden que estos pagos que se enmarcan en la “legalidad y normalidad”. “Se pagó a la consultoría por trabajos profesionales. Absolutamente”, indican desde Génova 13.

El último ministro

La información en exclusiva de José Ignacio Wert se suma a las que este periódico ya ha publicado sobre otros dirigentes del Partido Popular como Alberto Ruiz-Gallardón, Pío García-Escudero, Ana Mato o Alicia Sánchez-Camacho, quienes por diferentes motivos aparecen en la contabilidad oficial que investiga la Audiencia Nacional a raíz de la publicación de los denominados papeles de Bárcenas.

 

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