La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover, acusa a los cuidadores familiares de las personas dependientes de haberles quitado más de mil millones de euros desde que entró en vigor el sistema de dependencia para satisfacer sus cotizaciones de la Seguridad Social. En una respuesta parlamentaria por escrito al dirigente de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, la ministra asegura además que si no se hubiera restado esa cantidad, no habría problema para reconocer a las personas que se hallan a la espera de ser reconocidas como dependientes y de recibir la ayuda. Las peticiones registradas superan 1,6 millones y las personas con prestación no llegan a 900.000.
El dirigente de IU le preguntó hace varios meses por qué se está excluyendo de hecho a los cuidadores familiares de personas dependientes del sistema de la Seguridad Social, y la ministra ha contestado ahora que “en ningún momento se les ha retirado la posibilidad de estar de alta en la Seguridad Social”. Reconoce que a partir del decreto de 13 de julio, los cuidadores de personas dependientes que ya tuvieran suscrito el convenio especial con la Seguridad Social debían optar “entre mantenerse o darse de baja en el mismo”. En el primer caso tenían que pagar el 85% de la cotización desde el 1 de septiembre al 31 de enero y afrontar las cuotas íntegras a partir del 1 de enero de 2013. Sobre el coste de las cotizaciones, Mato ignoró el buen funcionamiento de la “ventanilla única” y remitió al interpelante a la Tesorería de la Seguridad Social.
Pero a renglón seguido, la exesposa del exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, procesado en la trama Gurtel y empleado hasta enero como asesor de la dirección del PP –de la que ella es vicesecretaria general electoral y de organización–, sorprendió a Lara con esta observación: “El espíritu básico de la Ley de Dependencia reside en la atención a las personas en situación de dependencia y el dinero de la dependencia es para la dependencia, no para los familiares de las personas en situación de dependencia”.
Y para que al dirigente de IU le quedara claro y no le ocurriera lo que a ella con las dádivas de los gurtélidos, añadió con singular desparpajo no carente de inquina hacia los trabajadores que desde la entrada en vigor de la ley de la dependencia, en el año 2007, “se han devengado unas cantidades por este concepto (cotización a la Seguridad Social) que superan los mil millones de euros. Si esta cantidad se hubiese destinado a la concesión de prestaciones y servicios a personas en situación de dependencia, se habría reducido en gran medida el número de dependientes que no han recibido aún concesión de prestación”.
Mato culpa de este modo a los cuidadores familiares de ser los responsables del estancamiento del sistema (hay 260.000 personas a la espera de que se reconozcan sus derechos). Pero el problema de su punzante respuesta es que Lara y 1.634.000 dependientes y la mayoría de los ciudadanos poseen capacidad intelectual para discernir que está tergiversando la realidad o mintiendo por escrito con el fin de disfrazar la exclusión de hecho del sistema de la Seguridad Social a los cuidadores familiares.
Y eso es así porque, en primer lugar, la ayuda mensual de 300 euros a las personas dependientes de grado uno, que se reduce a 153 euros si están a cargo del “entorno familiar”, no alcanza para pagar la Seguridad Social. Por tanto, se está excluyendo a unos trabajadores. En segundo lugar, la ayuda de 268,79 euros para los dependientes de grado dos tampoco alcanza para pagar la cotización. Por tanto, se está excluyendo a los cuidadores familiares del sistema. Y en tercer lugar, con una ayuda de 387,64 euros a los dependientes más severos o de tercer grado, al cuidador le quedarían 100 euros después de pagar los 270 de cotización mínima a la Seguridad Social.
Puesto que ese baremo de ayudas no puede ser ignorado como el famoso automóvil Jaguar en el garaje de la ministra, pues lo fijó y firmó ella misma por decreto, vale suponer que además de falsear la realidad al afirmar que “en ningún momento se ha retirado a los cuidadores la posibilidad de estar de alta en la Seguridad Social”, está apostando por el empleo sumergido y sin derechos sociales, como ocurría en los prósperos tiempos de sus colegas del “clan de Valladolid”.
Con una reducción del 15% de la prestación a las personas que se ocupan de cuidar a un familiar, un retraso en los pagos de la prestación que ha pasado de seis meses a dos años, la introducción del “repago” para los dependientes que superen el indicador de renta Iprem, situado en 534 euros mensuales, y un ajuste global de 1.600 millones de euros al sistema –sólo a Andalucía le han quitado 100 millones de euros este año respecto a 2012–, el daño al empleo en el “tercer sector” no es disfrazable ni el argumento de que los trabajadores han provocado el estancamiento del sistema es racional ni soportable.
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