Hasta doce colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Esa es la cantidad de centros escolares que la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, pretende cerrar el próximo curso en la Comunidad bajo el eufemismo de una "reorganización de centros" cuyo objetivo es, según fuentes de su departamento, "adecuar la capacidad de los centros a las necesidades de escolarización y demanda de los mismos". Sin embargo, la comunidad educativa asegura que no se avalan con datos las próximas fusiones entre colegios, que con ellas no se respeta la proclamada "libertad de elección" de los padres y hasta apuntan a una posible privatización encubierta. Además, la "reorganización" de la Comunidad que preside Ignacio González afecta sólo a escuelas públicas, mientras se sigue dedicando financiación a centros concertados que segregan por sexo y que, en buena parte, son gestionados por el Opus Dei.
La hemeroteca ya anunciaba esta decisión, desde que Figar participó, en agosto de 2011, en un acto de la católica Comunicación y Liberación (cielinos) en el que presumía de la reforma educativa que su Comunidad estaba llevando a cabo. En ella explicaba cómo el Gobierno regional había cedido terrenos públicos a organizaciones religiosas para que crearan y gestionaran escuelas financiadas con fondos públicos. "En los últimos seis años se han construido 79 centros, de los que el 52% son escuelas públicas, 33% concertados y un 15% privados. De entre las dos últimas categorías, más de dos tercios ofrecen educación católica y, de ellos, dos están en manos de Comunicación y Liberación", detallaba la consejera en aquel entonces. "Yo espero que estos dos centros puedan ser más en un futuro", aventuró en dicho evento [ver vídeo,
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En esta conferencia, Figar aseguró que dicha reforma se trataba de una estrategia para proteger, justamente, la libertad de elección de centro de los padres y madres de alumnos, pero tanto las AMPAS afectadas como las federaciones educativas denuncian que esta "fusión de centros" vulnera por completo ese derecho. La Consejería, sin embargo, se escuda en que dicha medida es "habitual todos los años" y la justifica con la falta o exceso de demanda de plazas y asegurando que, "en el curso actual entrarán en funcionamiento 23 nuevos centros públicos que incrementarán la oferta" y cuya inversión alcanza "53,3 millones de euros".
La comunidad educativa reconoce que sí, que se trata de algo que ocurre todos los años en la región, "pero eso no significa que la comunidad educativa esté de acuerdo", lamentan desde UGT y CCOO. "Padres y profesores nos movilizamos todos los años porque el Gobierno regional nunca negocia con nadie, y cuando les presentamos datos sobre la viabilidad de los centros que van a cerrar, simplemente los obvian", denuncia el secretario general de FETE-UGT Madrid, Eduardo Sabina. Su homóloga en Frem-CCOO Madrid también opina lo mismo. "Para la Consejería es normal, porque en su día a día llevan a cabo la política del desgobierno: cierran y abren escuelas como quien cierra y abre una mercería", ejemplifica Isabel Galvín. "A veces abren centros en un barrio a los que luego no va la gente, mientras donde sí va, donde ya se ha gastado en infraestructura y equipamiento, o cierran, o se derriban", añade. "Una vez que se cierra un centro, nunca más se vuelve a replantear su reapertura", apunta Sabina. "Y esto lo hacen sin ningún estudio que lo avale, porque en la Comunidad de Madrid no existe una red de centros organizada que publique periódicamente la planificación del terreno, de población, etc. de cada zona escolar", denuncia, de nuevo, Galvín.
"Es una medida antieconómica, que malgasta la inversión que se ha hecho en estas infraestructuras y con la que se pierden plazas públicas, vulnerando la libertad de los padres a elegir el centro al que quieren que vayan sus hijos que, en ocasiones, es el mismo al que han ido ellos y sus padres también", continúa la secretaria general de FE-CCOO. Sabina, por su parte, lamenta las desventajas que el cierre de un colegio provoca en las familias afectadas. "Les obliga a desplazarse de su entorno más directo: tienen que acudir a un colegio más lejano para estar en clases masificadas que incluso se saltan la ratio legal [número de alumnos por aula permitido] en ocasiones", lamenta el titular de FETE-UGT. "Desplazan a los alumnos a macrocentros que les quedan incluso a dos kilómetros de distancia, que en ocasiones están especializados tras una segregación entre Bachillerato y FP-por ejemplo- y contradicen todos los consejos pedagógicos, y a las familias no les dan ningún tipo de ayuda para facilitar esta transición: ni transporte escolar, ni becas de comedor", agrega su homóloga de FE-CCOO.
No obstante, la Consejería mantiene su postura defensiva y desmiente la lejanía y la aglomeración de alumnos. "En todos los casos, la distancia de los centros fusionados es de entre 200 y 600 metros, lo que significa que las fusiones no supondrán ningún problema de desplazamiento para los alumnos y sus familias", aseguran en un comunicado. "Todos los edificios se destinarán a usos educativos y las fusiones de centros, en ningún caso, afectan a las ratios de alumnos por aula que se mantienen siempre dentro de lo establecido por la legislación estatal", añaden.
"También interfieren y manipulan la oferta educativa porque si los padres ya no tienen un centro público cercano, al final se acaban yendo al concertado", añade Galvín, contradiciendo la teoría de la Consejería sobre la protección de la libertad de elección. "Están eliminando opciones para quienes queremos la escuela pública", ratifica un miembro del AMPA del colegio de Educación Infantil (3 a 6 años) Verbena, de Leganés, uno de los integrantes de la plataforma Ni un cole menos, que está recogiendo firmas en Change.org para evitar el cierre de sus colegios.
Modelo "ideológico" de Educación Infantil
Para protestar contra todo ello, los padres y madres de alumnos de cinco de los centros afectados por la reorganización y fusión prevista por Figar se han encerrado este fin de semana, con sus hijos, en sus respectivos colegios Agapito Marazuela y Pío Baroja (de Coslada), Verbena [en la imagen inferior] y Valle Inclán (de Leganés) y Miguel Puerta (de Aranjuez).
"Verbena lleva más de 20 años preparando a 120 alumnos por año de entre 3 y 6 años. Es cierto que este hace dos años la cifra se rebajó a 100 y, en este curso, a 64. Pero ha sido desde que el Gobierno autonómico hizo desaparecer las adscripciones que antes existían por las cuales, al final dicha etapa, los niños ya entraban automáticamente en uno de los centros de Educación Primaria cercanos al nuestro", especifica un portavoz del AMPA de dicho centro. "La Consejería quiere que todos los colegios sean o de 0-3 años o de 3-12 años. De 0-6 ò de 3-6 años sólo quedan cuatro centros de este tipo en toda la comunidad y, de ellos, cierran tres el próximo curso", añade este miembro de la comunidad educativa. "Desprecian la caracterización especial de la Educación Infantil que sí valoran en países avanzados como Finlandia", lamenta.
Además, la mayoría de los centros de 0-3 años son concertados o privados, por lo que algunos miembros de la comunidad educativa, como este portavoz del AMPA del colegio Verbena apuntan a una posible privatización encubierta. "Tienen la intención de que esto se convierta en algo sistemático, donde entra el negocio y se le da a la Educación Infantil un enfoque asistencial y no pedagógico", opina. Galvín, de Frem-CCOO, justifica sus palabras: "Querer eliminar la enseñanza de 0-6 años responde a un modelo estrictamente ideológico porque siempre han estado en contra de este modelo mientras favorecían el 0-3, que son centros de gestión indirecta". "La escuela de Educación Infantil Verbena es un centro de éxito que ha conseguido premios en proyectos de innovación que incluso han recogido en un libro y lo mismo ocurre con la de Aranjuez, que está en pleno centro de la ciudad y quieren eliminarla para beneficiar a una macroescuela que está a las afueras", añade la secretaria general de FE-CCOO.
La consejera, Lucía Figar, tras recibir todas estas críticas a través de los medios de comunicación y en forma de manifestación, el pasado jueves, en la Asamblea de Madrid, ha accedido, por fin, a reunirse con las AMPAS de los centros afectados, que le entregarán las firmas recogidas a través de Change.org. ¿El problema? La cita tendrá lugar el próximo 5 de marzo, una fecha que hace peligrar la posibilidad de una posible marcha atrás en su decisión ya que a finales de mes comienza el proceso para pedir la admisión en los colegios para el curso 2013/2014. Desde el colegio Verbena de Leganés lo tienen claro: "Ellos juegan a que pase el tiempo para que los acontecimientos se lleven por delante lo que intentamos evitar: que llegue nuestra acta de defunción".
Doce cierres y seis fusiones
Los centros escolares afectados por la reorganización de la Consejería de Educación, según datos aportados por el propio departamento de Figar, son los siguientes:
- En Madrid capital, el Nicolás Salmerón se fusionará con el Pintor Rosales para dar como resultado un centro con 361 alumnos. Además, los colegios Enrique Granados y Vasco Núñez de Balboa cerrarán para fundirse con el República del Paraguay, que acogerá 313 alumnos (65 del primero, 75 del segundo y 164 del propio centro).
- En Getafe, el IES Silviero Lanza se fusionará con el IES Manuel Azaña para dar un centro resultante con capacidad para 1.300 alumnos, al que acudirán 1.000.
-En Móstoles, el IES Juan Gris cerrará para trasladar a sus alumnos al IES Octavio Paz, donde estudiarán 1.000 alumnos en lugar de los 280 actuales.
-En Alcalá, el Zulema desaparece absorbido por el Henares, que pasará de 253 a 526 alumnos.
- En Coslada, el Agapito Marazuela pasará a formar parte del Hermanos Machado, que acogerá a 395 alumnos, frente a los 164 que tiene en la actualidad. Asimismo, el Pío Baroja se trasladará al Virgen del Amor Hermoso, cuyo resultado dará un colegio de 393 alumnos.
- En Aranjuez, el Miguel Puerta desaparece para trasladar a sus 125 niños de 3-6 años al colegio San Isidro, con capacidad para 900 alumnos.
- En Leganés, el Colegio Calderón de la Barca absorbe al Valle Inclán (de 3-6 años) y el Benito Pérez Galdós, al Verbena.
Según fuentes de dicho departamento, esta reorganización se debe a que "en ninguno de los casos, los centros fusionados se acercan al 100% de su capacidad", concluyen.
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